Click Here for EnglishJunto con otros defensores de los derechos humanos y de la salud, el National Health Law Program salvó una vez más la Ley de Cuidado de Salud (conocida como Obamacare) cuando el Líder de la Mayoría del Senado, Mitch McConnell, canceló su plan de presentar en el pleno la propuesta de derogación “Cassidy-Graham.” La derrota de esta propuesta preservó los logros alcanzados por la Ley de Cuidado de Salud y por Medicaid, el programa de seguro de salud pública más grande de los Estados Unidos. Medicaid es una línea de vida para 13 millones de mujeres de edad reproductiva. Ofrece cobertura para el 48 por ciento de las mujeres en edad reproductiva con ingresos por debajo de la línea de pobreza federal, y representa el 75 por ciento de toda la financiación pública en planificación familiar.
Aunque Medicaid ha permitido el acceso a la atención de la salud reproductiva a millones de personas, todavía existen restricciones que impiden su cobertura total. Aquí entra la Enmienda Hyde. Se trata de un enmienda que se renueva anualnente en el proceso federal de asignaciones presupuestarias y que por 41 años ha permitido la financiación federal del aborto sólo en casos de violación o incesto, o cuando la vida de la persona está en peligro debido a su embarazo. Estas circunstancias limitadas no son fáciles de cumplir: los casos violación o incesto son reportados muy pocas veces y la decisión sobre qué constituye un peligro a la vida está en las manos de la oficina estatal o la compañía de seguros. Además, la definición de “peligro para la vida” no toma en cuenta cualquier daño psicológico o emocional que puede ocurrir cuando una mujer se ve obligada a continuar un embarazo no deseado. El aborto es el único procedimiento médico prohibido del programa Medicaid de esta manera.
Mientras que los estados pueden usar su propio presupuesto para que Medicaid cubra el aborto, sólo 16 estados lo hacen. Varios estudios compruebran que la Enmienda Hyde es más difícil para las mujeres de minorías étnicas, las mujeres inmigrantes y las mujeres jóvenes. Estas restricciones limitan la capacidad de las mujeres para tomar las decisiones de salud que son mejores para ellas y para sus familias. Además, estas restricciones obligan a las beneficiarias de Medicaid a situaciones insondables en las que deben decidir entre pagar los servicios de luz, agua y los costos de los alimentos, o recibir la atención médica que necesitan.
Cuando no hay una cobertura integral de la salud reproductiva, las mujeres tienen pocas opciones sobre qué hacer cuando se enfrentan con un embarazo no deseado. Una de cada cuatro mujeres embarazadas elegibles para Medicaid que necesitan un aborto se ven obligadas a continuar su embarazo debido a estas restricciones. Cuando se niega el acceso al aborto, las personas de bajos ingresos tienen tres veces más probabilidades de caer en la pobreza que las personas que pueden pagar por este servicio. La Enmienda Hyde presenta un innegable problema de discriminación racial. Como señaló el prominente juez del Tribunal Supremo Thurgood Marshall, estas restricciones de fondos públicos están “diseñadas para negar a las mujeres pobres y a las mujeres de minorías étnicas de su derecho constitucional de elegir el aborto.”
Pero hay luz al final del túnel. Los miembros del Congreso han introducido la propuesta de Ley “EACH Woman Act” (o Ley para Cada Mujer) como un primer paso para poner fin a las barreras a la cobertura del aborto en Medicaid. Si bien este proyecto de ley enfrenta una dura batalla en este Congreso, ayuda a establecer una visión importante para el tipo de atención de salud que nuestro país necesita. No obstante el tipo de seguro médico que la mujer tenga – ya sea privado o de Medicaid – cada mujer debe tener cobertura para toda la gama de servicios de salud reproductiva, incluyendo el aborto. Necesitamos una legislación valiente para que Medicaid pueda continuar siendo el plan de seguro primordial que pretendemos que sea.
